El sector inmobiliario espera una reforma a la nueva norma emitida por la Superintendencia de Compañías. Evitar la estafa es el objetivo de esta normativa.

Desde la vigencia de esta norma, al menos 20 proyectos inmobiliarios de Quito y Guayaquil, de más de 10 mil metros cuadrados se han paralizado.
El reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías entro en vigencia los primeros días de enero y obliga a las inmobiliarias a ser propietarias de los terrenos donde se levantan los proyectos.
 Los datos son de la Cámara de la Construcción de Quito y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas (Apive). 

Según los constructores, el principal problema está en la valoración del “punto de equilibrio”. Eso, porque los proyectos no contarían con los recursos suficientes para adquirir los terrenos en los que se levantarán las edificaciones, tal como lo ordena la Súper de Compañías. 

Mauricio Cattani, de la Cámara de la Construcción de Quito, aseguró que los fiduciarios ahora tienen que certificar los recursos para cumplir con el proyecto. 

Para Cattani, es un absurdo coartar la libertad de comercialización. Otros 30 proyectos de menor envergadura también estarían parados por no cumplir con la obligación de adquirir los terrenos del plan habitacional.

Jaime Rumbea dijo que en Guayaquil serían 10 los proyectos parados, porque las normas los tomaron por sorpresa.

José Centeno, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, no reporta quejas formales de los agremiados, pero aseguró que hay preocupación por las nuevas reglas para administrar los recursos del comprador del inmueble.

La resolución publicada en el Registro Oficial 146 sostiene que el dinero debe ser encargado a un fiduciario. La medida, según la Superintendencia, evitará nuevas estafas en el sector inmobiliario.

Entre enero de 2012 y marzo de 2013 la Superintendencia intervino 15 inmobiliarias que mantenían transacciones irregulares. Tres inmobiliarias cerraron sus puertas definitivamente. (NMCH)



Las reformas que propone el sector

La reforma de la resolución, propuesta por el sector inmobilario se basa en cuatro puntos.

La primera se relacionada con la certificación del punto de equilibrio; los constructores piden que el fideicomiso  entregue el dinero de los compradores a cambio de una garantía que entregaría la empresa. 

La segunda se enfoca en que se rebajen las promesas de pago. La norma arranca con $300 ni bien se inicia, cuando antes era de acuerdo al avance del proceso. 

Asimismo, se pide claridad en los controles, una hoja de ruta. Y, luego, se pide que no se soliciten todos los permisos de construcción antes de iniciada la obra.