Existe un malestar en la Asociación de Propietarios de Patios de Vehículos de Cuenca (APROPVEC) debido a la recién aprobada -por parte de la Asamblea Nacional- Ley para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos.

El presidente del gremio, Eduardo Gárate, considera que el referido cuerpo legal debió ser analizado y debativo por separado. El ámbito inmobiliario y el automotriz.

Los bienes inmuebles a la final generan una plusvalía y el índice de siniestralidad es mínimo, a diferencia del sector automotriz que, según el uso, tiene una depreciación entre el 20 y el 30% anual y la siniestralidad es un riesgo de todos los días.

Considera que la ley afectará mucho al consumidor, también a las financieras, porque las exigencias serán mayores. Hoy en el mercado existen créditos que van desde promociones de un 0% de entrada hasta 72 meses plazos. Son financiamientos que serán eliminados porque con la nueva ley las exigencias serán entre un 40 o 50% mínimo de entrada.

Los integrantes de la Asociación -que agrupa a 50 dueños de parqueaderos (la mayoría autos usados)- tendrán que analizar y revisar sus políticas. Advierte “se eliminará mucho lo que es la entrada baja”.

Con la nueva ley la entrada subirá debido a la depresiación del auto que, según el uso, tiene entre un 20 y un 30% anual. Si un auto es retirado en el primer año tendrá una depresiación de un 30%.

“Es grave la situación”, advierte el dirigente. Las financieras buscarán mayores métodos de aseguramiento, incluso exigirán que los autos se aseguren.

Este momento los créditos para adquirir un auto también se otorgan con una garantía de otras personas, en adelante ello sería innecesario.
Otro sector también preocupado es la construcción. El presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca, Diego Monsalve, advierte la posibilidad de que se limite este mercado.

Esto por cuanto el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) deberá tomar previsiones para cuidar el dinero de los afiliados, entonces “no creo que vayan a mantener la política por mucho tiempo más de prestar hasta el 100% del valor de la vivienda, cuando menos disminuiran a un 90%”.

El momento en que a la gente no le prestan el 100%, deja de estar en condiciones de adquirir la casa y ya no la compra. La demanda y la oferta disminuyen. Es problable que los proyectos de construcción disminuyan en volumen. (ACR)

Protección de ciudadanos

La intención del gobierno es proteger, de alguna forma, la inversión que los ciudadanos hacen en sus casas y que, en un momento determinado, no estén abocados a perder su patrimonio por deudas que no pueden cancelar por diferentes razones.

Mercedes Salinas, gerente de la cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda., anticipa que ello les obliga a las instituciones financieras a ser mucho más cuidadosas en otorgar los créditos en base a la capacidad de pago. No es la intención de la entidad financiera quedarse con la casa porque no es una compañía inmobiliaria. Lo que a una cooperativa le interesa es tener la liquidez suficiente para seguir prestando dinero.

Serán mucho más cuidadosos en el análisis de un socio que quiere comprar su casa para que realmente pueda pagar y que el avalúo sea el adecuado para que en un momento que la institución tenga que verse abocada a la venta, se cubra toda la deuda.

También le inquieta la incorporación de autos, que es complicado por la depresiación que tienen.Para Marco Rodríguez, representante del sector inmobiliario de Bienes Raíces, la Asamblea no socializó ni efectuó ninguna consulta a la población para emitir esta Ley.

Cifras

20%

ó 30% (2.000 ó 3.000 dólares) es la entrada que los patios piden actualmente a quien desea comprar un auto que cuesta unos 10 mil dólares. Con la nueva ley la entrada subirá a unos 5.000 dólares.

40%

ó 50% de entrada, como mínimo, será la que fluctúe en adelante en el negocio de venta de autos usados. Los patios buscarán formas de financiamiento, la garantía de otra persona será innecesaria.

Crisis de España

La crisis económica que está viviendo España y que tuvo como punto de partida la burbuja inmobiliaria puso al descubierto una injusticia social extraordinariamente fuerte para quienes, haciendo un esfuerzo, adquirieron sus casas en base a un crédito en el cual hipotecaron las mismas al sistema financiero de ese país, y al ver reducidos sus ingresos por falta de empleo, no pudieron cubrir sus obligaciones.

Eso llevó a que no solo perdieran sus casas sino que, por efecto de reducción de precios de las mismas, esa hipoteca no cubrió el valor total de la deuda, quedándose con obligaciones por pagar al banco por varios años más. Este recordatorio lo hace Marcelo Vázquez, director del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Cuenca.

Tomando en cuenta esa realidad, el gobierno ecuatoriano presentó a la Asamblea el referido proyecto de ley que apunta a que quienes obtuvieron su crédito en base a un crédito en el cual hipotecaron su casa o vehículo y por cualquier razón no pueden cubrir sus obligaciones, cancelan la misma exclusivamente con el bien hipotecado. Ello implica la no posibilidad de caución con fianzas, garantías solidarias ni reales sobre otros bienes.

Esta ley si bien protege al usuario, pero puede generar distorsiones y problemas a los constructores y vendedores de soluciones habitacionales y para comerciantes de autos por efecto de las regulaciones impuestas”. (ACR)