Desde el gabinete presidencial se envió con el carácter de urgente, un proyecto de ley destinado a que las hipotecas por viviendas se salden con la entrega del inmueble en caso de no pagar las respectivas cuotas, hasta el monto de 150.000 dólares la vivienda en cuestión, y un inmueble por persona. Esta medida la tomó el Mandatario luego de conocer de cerca, en su última visita a España, la situación en que se encuentran decenas de miles de compatriotas que allá se endeudaron a fin de adquirir un piso propio, y que al no poder pagar las alícuotas debido a la crisis económica que afecta al país europeo, no solamente perderán sus viviendas sino que mantienen deudas cuantiosas con las inmobiliarias, situación a todas luces injusta y condenable.

Sin embargo, esta situación en el país siendo aparentemente similar, no posee las alarmantes y trágicas características de España, ya que en el Ecuador que se sepa esto no constituye un problema social, sea porque quienes se endeudan con préstamos hipotecarios para adquirir vivienda propia no tienen problemas para pagar sus cuotas, o porque existirían alternativas que en lo posible eviten perder las casas y además seguir pagando intereses crecidos. No se conocen estadísticas al respecto que permitan saber si el proyecto enviado con carácter de urgente por el Mandatario va a tener efectos positivos sobre un número apreciable de ciudadanos en nuestro país.

Por cierto, la preocupación del Presidente de la República es loable, pero no han faltado reparos de los sectores de la construcción e inclusive del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, en el sentido de que esta futura ley eventualmente pudiera desalentar las inversiones para viviendas de interés social, que son las que tienen justamente que ver con la intención del proyecto enviado por el Jefe de Estado, algo que si llega a suceder afectaría al sector más dinámico de las inversiones en el país como es el de la construcción. De otra parte, un exsuperintendente de Bancos expresó en declaraciones a la prensa que existía ya una disposición legal que impedía continuar con la deuda hipotecaria de un inmueble luego de su devolución por imposibilidad de pago, y que más bien dentro de esta Administración se habrían cambiado esas reglas de juego, que no necesitarían una ley sino una simple disposición reformatoria de la Superintendencia de Bancos.